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Calidad del Aire: Nueva legislación y oportunidades para las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Este Real Decreto introduce la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y desarrolla la Ley 34/2007 sobre Calidad del Aire.

Para ello incluye disposiciones sobre gestión y evaluación de la calidad del aire, además de definir las actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas implicadas en la gestión de la calidad del aire.

El actual debate político sobre el cumplimiento de los límites máximos de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas pone de manifiesto la importancia de introducir en el marco legislativo una mayor coordinación y cooperación entre los distintos niveles de la administración en el diseño, implementación y evaluación de las actuaciones necesarias.

Pero además el Real Decreto establece la obligación de elaborar planes de mejora de calidad del aire, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Además establece la participación de las entidades locales en la elaboración de los planes autonómicos en aquellas actuaciones como la regulación del tráfico que entren dentro de sus competencias.

Asímismo se incluye la participación en su elaboración de los titulares de las actividades industriales potencialmente involucradas y afectadas por las medidas incluidas en los Planes y por su puesta en aplicación.

Por ello la nueva fase que ahora se inicia de preparación de los Planes de calidad del aire, tanto a nivel estatal como autonómico, representa una oportunidad para las empresas y asociaciones que producen, distribuyen o promueven el uso de tecnologías limpias.

Las empresas y asociaciones de este ámbito deben trabajar en el seguimiento en la elaboración de los Planes, así como desarrollar estrategias y acciones de lobby diseñadas para dar a conocer las tecnologías propias y sus beneficios de cara a alcanzar los objetivos fijados por las administraciones públicas.

De esta forma las administraciones públicas dispondrán de toda la información necesaria para evaluar qué medidas son las más beneficiosas en su ámbito de actuación, y lo más importante, qué soluciones tecnológicas o de otro tipo pueden facilitar la consecución de los objetivos fijados en los Planes.