Inicio Comunicación Lobby y transparencia, claves de competitividad

Lobby y transparencia, claves de competitividad

Una de las razones principales que nos ha llevado, como la asociación que agrupa a los profesionales del lobby en España, a comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es nuestra firme convicción en la importancia que ambos conceptos, estrechamente ligados, tiene para la competitividad de las empresas, para el crecimiento de la economía y para el bienestar de la sociedad en general. Según la Real Academia Española, transparencia, que viene de transparente, significa: “Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Traducido al mundo de la política y a la toma de decisiones políticas, esto se entiende por claridad pública en el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones.

Decisiones que además se deben entender y no crean ambigüedad entre los empresarios, los trabajadores y la sociedad en general, y cuyos objetivos son evidentes y comprensibles. Tanto en la vida privada como en la vida profesional y laboral, la claridad, la evidencia, la comprensión y la falta de ambigüedad se traducen siempre y sin falta en mayor satisfacción, mayor motivación y mayor éxito personal y colectivo. En el mundo empresarial, la transparencia se traduce en estabilidad y seguridad regulatoria y jurídica, mayor confianza y mayor fiabilidad. Palabras que atraen la inversión y al inversor, la investigación y el crecimiento.

Al hacer transparentes y relevantes para los responsables públicos los diferentes impactos económicos, que las diferentes posibles decisiones tienen, se ayuda a que se tomen aquellas decisiones que generan mayor actividad económica y mayor empleo mejorando la cadena de valor generada en España y por tanto su productividad y competitividad internacional. Por eso la palabra transparencia está en boca de todos. El futuro de España se juega en los mercados globales y en las instituciones internacionales. Las decisiones que toman instituciones como la Unión Europea, el FMI, la OMC, OCDE, etc., son muy importantes para España, su economía y su mercado laboral. En todas estas instituciones el lobby es muy intenso. Tener un colectivo profesional, amplio, preparado y profesionalizado es clave para que sus decisiones respondan también a los intereses de España. España no puede competir con el lobby anglosajón y el de otros países si no cuenta con una profesión transparentemente regulada que permita su crecimiento y consolidación en España. Una profesión no reconocida en España nos lleva a una profesión no desarrollada y, por tanto, a que los lobbies de otros países nos ganen, muchas veces por incomparecencia, al insuficiente o nulo lobby español en dichas instituciones.

El lobby es, por lo tanto, un aspecto esencial de dicha transparencia. El lobby no es otra cosa que la representación de opiniones e intereses legítimos del conjunto de la sociedad ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel nacional como autonómico. El lobby incluye la expresión de ideas, de puntos de vista, la participación de la sociedad en las decisiones que les afectan. Los lobbistas somos hilos conductores de los intereses particulares hacia los poderes públicos, facilitando a la vez una vía de acceso a información sobre el proceso de toma de decisiones, las razones por las que se toman, cuándo y cómo se toman y quién participa en la toma de decisiones. Garantiza, además, que las decisiones políticas y legislativas se tomen en base al conocimiento y a la mayor información posible, forzando al legislador a tener en cuenta el impacto (positivo y negativo) que tendrán sus decisiones sobre el tejido empresarial, el mercado laboral y la sociedad.

Pero para cerrar este círculo virtuoso es necesario dotar al lobby también de transparencia. Y es por eso que desde APRI hemos solicitado al Gobierno y a los miembros del Congreso que incluyan al lobby y al ejercicio del lobby en la Ley de Transparencia. Con disposiciones que nos obligue, a aquel que ejerce de lobbista y/o que lleve a cabo actividades de lobby, a registrarse en el Congreso y en el Ejecutivo y a declarar sus intereses y sus interesados. Que sea de obligado cumplimiento para todo aquel que lleve a cabo actividades de lobby la firma de un código de conducta ético, similar si acaso al que hemos firmado todos los que somos miembros de APRI de forma voluntaria. Una mayor transparencia en el ejercicio del lobby se traducirá también en más seguridad y estabilidad, mayor confianza y mayor fiabilidad en la economía española, sus ciudadanos y sus instituciones públicas y, por ende, en una mayor competitividad de sus empresas y de sus ciudadanos.