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¿Cómo regular el ‘lobby’ en el Parlamento?

Durante el reciente Debate sobre el Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno ha anunciado entre otras medidas “la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.”

Este anuncio representa un gran avance en la normalización y ordenación de la actividad del lobby en nuestro país, actividad que, aun siendo cada vez más frecuente y mayoritaria, sigue sin contar con mecanismos para su ejercicio de forma transparente, eficaz y ordenada.

La regulación en el Congreso y el Senado de la representación de intereses significa un respaldo a las demandas del sector de los public affairs, que ha venido reclamando desde hace años a través de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) avanzar y situar a España al mismo nivel que los 14 países de la Unión Europea que ya regulan el ejercicio del lobby en sus Parlamentos.

Ahora la cuestión es de qué forma regular la representación de intereses en ambas Cámaras para asegurar que dicha regulación funciona. Cuatro criterios deben seguirse para asegurar su éxito: transparencia, eficacia, equilibrio, y no discriminación.

Transparencia

En primer lugar debe asegurarse que las medidas a tomar sirvan para dotar de mayor transparencia a esta actividad, y de ahí que la creación de un Registro de Organizaciones y sus representantes en cada Cámara es la base para articular esta relación. Dicho Registro debe ser público y en el mismo deben figurar, además de los datos de las personas registradas, sus objetivos, actividades y ámbitos de interés.

En segundo lugar el sistema debe ser eficaz, y para ello la inscripción en el Registro debe ser obligatoria para aquellos que quieran acceder a sede parlamentaria para representar intereses, propios o ajenos, de forma puntual o habitual. Además los registrados deberían someterse obligatoriamente a un Código de Conducta similar al de la Unión Europea, que asegure que su comportamiento y actuaciones respetan las normas de la Cámara y se ejercen de forma ética y transparente.

Para que sea eficaz el Registro debería ser único en cada Cámara, evitando la creación de múltiples registros en función de la legislación, Comisión u otros criterios, que en la práctica complicarían el sistema sin por ello dotarle de mayor transparencia.

El equilibrio en el funcionamiento del sistema se conseguirá facilitando a los registrados el acceso al Parlamento para el ejercicio de su actividad mediante la emisión de tarjetas de acceso, que eviten los trámites de identificación y solicitud previa de visita que no tendrían ya razón de ser, al estar perfectamente identificados los mismos a través del Registro.

Finalmente, el criterio de la no discriminación es fundamental para asegurar que los profesionales del sector no se ven discriminados frente a aquellos que, aun ejerciendo de forma habitual o puntual la representación de intereses, no se consideran lobistas o representantes de intereses. Me refiero en este apartado especialmente a los despachos de abogados, agencias de comunicación, bufetes de estudios económicos, asociaciones sectoriales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y cualesquiera otras entidades o personas que representen intereses. Si quieren acceder al Parlamento es para representar intereses, por lo que deben estar sujetos a las normas de funcionamiento de los lobbies tanto como aquellos que se sienten identificados con el término.

Si no se asegura la introducción de normas no discriminatorias y que obliguen a todos aquellos que ejercen la actividad, se llamen como se llamen, el Registro no funcionará y servirá únicamente para legitimar a aquellos que ya estamos obligados por Códigos de Conducta (como los profesionales de APRI) y que estamos concienciados con la importancia de la responsabilidad, rigor y transparencia en el ejercicio de esta actividad.

Si los representantes del Gobierno y Parlamento aseguran estos principios a la hora de afrontar la regulación parlamentaria del ejercicio del lobby, estoy seguro de que el resultado será positivo, y permitirá dotar de mayor transparencia y participación a todo el trámite parlamentario. Al final nos veremos todos beneficiados como ciudadanos, representantes de intereses y representantes políticos en el ejercicio de nuestras funciones.

Artículo publicado el 22 de febrero de 2013 en Expansión.