Inicio Inteligencia Análisis La crisis económica y el Programa Nacional de Reformas marcan la agenda...

La crisis económica y el Programa Nacional de Reformas marcan la agenda del Parlamento español en su segundo año de legislatura

mariano rajoy
mariano rajoy

Llega el verano y con él el final del período ordinario de sesiones en las Cortes Generales. Atrás quedan diez largos meses en los que, grosso modo, se han aprobado 21 Reales Decreto Ley, 24 Proyectos de Ley y 9 Leyes Orgánicas. La crisis económica y la necesidad de reformas estructurales en sectores clave como el sistema bancario, la fiscalidad y la lucha contra el fraude o el impulso de medidas para el fomento del empleo y de la actividad económica-empresarial han marcado la agenda y acaparado buena parte de la actividad parlamentaria durante este segundo año de legislatura.

El Programa Nacional de Reformas (PNR) ha sido la piedra angular de todo este proceso. Impuesto desde la Unión Europea como una de las medidas ineludibles de España para salir de la crisis y para evitar el rescate, su última versión fue presentada el pasado 26 de abril sin demasiados cambios con respecto al Programa de 2012, aunque sí con una modificación casi completa en los plazos de tramitación previstos para cada una de las medidas contempladas. En este sentido, la nueva planificación posterga varios trimestres casi una treintena de medidas recogidas ya en el plan de 2012. No en vano, de las cerca de 30 medidas que el Ejecutivo anunció en 2012, media docena quedan aplazadas casi un año. Es el caso de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, prevista inicialmente para el cuarto trimestre de 2012 y que ahora parece estancada en el Congreso.

Los Proyectos de Ley previstos en el PNR están estructurados en torno a tres grandes líneas estratégicas: consolidación fiscal, reforma del sistema financiero y reformas estructurales para aportar mayor flexibilidad y competencia a la economía española.

Con respecto al primer bloque de reformas, cabe destacar las medidas aprobadas para mejorar la gobernanza económica y corregir el déficit de las administraciones públicas, como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (donde se establecen límites de gastos e instrumentos de control del mismo) o el paquete legislativo de planes de Lucha contra el Fraude Fiscal (con actuaciones por valor de 11.517M€, lo que supone un incremento del 10,08%) y a la Seguridad Social (impacto de 2.600M€). De especial relevancia resulta también el Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional.

En cuanto a las reformas del sistema financiero, debemos mencionar la culminación del Proyecto de Ley de saneamiento, reestructuración y resolución de entidades de crédito, en la que se realiza un esfuerzo de supervisión bancaria. Asimismo la aprobación del Proyecto de Ley de Saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero se ha contemplado como un instrumento clave para acabar con uno de los principales lastres y detonantes de la crisis actual. En esta misma línea, cabe destacar las medidas de protección de los consumidores de productos financieros complejos a través del desincentivo de su comercialización y el refuerzo de supervisión por parte de la CNMV.

Por último, pero no por ello menos importante,  encontramos el bloque de reformas estructurales encaminadas a impulsar la competitividad de la economía española. Se trata del área con mayor número de Proyectos de Ley aprobados en los últimos meses. En este sentido, se ha aprobado un Real Decreto de Apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y, posteriormente, de un Proyecto de Ley derivado del primero. Ambos se enmarcan dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Además, hace unas semanas entró en el Congreso un nuevo Proyecto de Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que el Gobierno prevé aprobar en el segundo semestre del año.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Competitividad también ha impulsado una Ley en los últimos meses para mejorar la competitividad en el sector comercial a través del  Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de liberalización de comercio y de determinados servicios. Un objetivo compartido con el actual Proyecto de Ley de garantía de unidad de mercado, que acaba de entrar en el Congreso y que supone un paso más en la eliminación de las trabas administrativas para la apertura de negocios.

Asimismo, el Ministerio de Fomento ha lanzado en este segundo año de legislatura diversos Proyectos de Ley con el fin de regular y mejorar la competitividad de sectores tan dispares como el del mercado de alquiler de viviendas, el de rehabilitación urbanas o el de los transportes. En este sentido, cabe destacar las aprobadas Leyes de flexibilización de fomento del mercado del alquiler de viviendas; de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; y de modificación de la Ley de ordenación de los transportes terrestres de 1985.

Finalmente, no debemos olvidar las aportaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y de Medio Ambiente. Suyo es el impulso al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Una norma que da una prórroga de hasta 75 años a la concesión de viviendas expropiadas en 1988 e introduce una cláusula para evitar en vía administrativa las construcciones ilegales. Más recientemente, las Cortes aprobaron el Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por delante quedan importantes normas contempladas en el Programa de Reformas Nacional que, o bien acaban de iniciar su trámite parlamentario, o bien están a punto de ser aprobados por el Consejo de Ministros. Después de las vacaciones estivales publicaremos un nuevo análisis donde les presentaremos las normas que están por venir y que marcarán la agenda parlamentaria tras la vuelta del verano.

Fotografía obtenida de la cuenta Flickr de Moncloa