Inicio Inteligencia Informes El Plan Anual Normativo: un instrumento para planificar la acción del Gobierno

El Plan Anual Normativo: un instrumento para planificar la acción del Gobierno

El pasado 7 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo (PAN) correspondiente al 2018. Este documento refleja los objetivos y prioridades políticas de los diferentes ministerios y del Gobierno en su conjunto, detallando todos los proyectos normativos que cada uno de estos departamentos tiene previsto sacar adelante en el año en curso.

Para el 2018, el PAN cuenta con un total de 287 proyectos normativos, de los cuales 240 prevén aprobarse bajo la forma de real decreto, siendo el resto leyes orgánicas y leyes ordinarias (30 y 38 respectivamente). En detalle, estas son las principales cifras que se desprenden del PAN 2018:

Con el fin de facilitar la lectura y la comprensión del PAN, Political Intelligence ha elaborado este informe donde se detallan de manera suscinta los principales proyectos normativos que cada uno de los ministerios tiene previsto sacar adelante a lo largo del 2018:

Planes Anuales Normativos de las CC.AA

A nivel regional, las Comunidades Autónomas también cuentan con sus propios planes anuales normativos, aprobados al inicio del año para detallar con antelación cuál es la planificación normativa del Gobierno autonómico para ese año. Hasta la fecha, todas las Comunidades Autónomas han publicado sus respectivos planes, con la excepción de Cataluña, Galicia, Canarias, Navarra, Asturias y Extremadura.

El presente mapa interactivo recopila los enlaces a los diferentes planes normativos para 2018 que ya han sido aprobados y publicados por los Gobiernos autonómicos.

 

Sobre el Plan Anual Normativo (PAN)

Una de las prioridades de Juncker nada más asumir la Presidencia de la Comisión Europea fue comprometerse a impulsar la idea de “legislar mejor para obtener mejores resultados”. Dos años después de que Bruselas adoptara la Better Regulation Agenda en mayo de 2015, el concepto de “mejor regulación” llegó a España para quedarse. Así, la aprobación del Real Decreto 286/2017 supuso a la consolidación de los criterios de previsión, racionalidad y participación en nuestra forma de legislar.

Gracias a esta norma, que desarrolla la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, el Gobierno tiene que detallar con antelación las leyes que quiera impulsar en un Plan Anual Normativo; asegurarse de que todas las iniciativas propuestas tengan sentido desde el punto de vista económico, legal y social a través del Informe Anual de Evaluación Normativa; y procurar la participación de todos los departamentos ministeriales durante el proceso de creación y evaluación de las propuestas a través de un grupo de trabajo interministerial – la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

Precisamente, los protagonistas de esta forma de programar la iniciativa legislativa y dirigir la acción ejecutiva del Gobierno son los integrantes la Junta de Planificación y Evaluación Normativa. Este nuevo equipo está coordinado por el Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y en él participan el titular de la Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (que lidera el grupo), los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de los distintos Ministerios, y un representante de la Oficina Económica del Presidente con rango de Director General. Juntos, se encargan de:

  1. Elaborar el proyecto de Plan Anual Normativo.
  2. Elaborar el proyecto de Informe Anual de Evaluación Normativa.
  3. Proponer criterios Generales en materia de planificación y evaluación normativa de la AGE.

Como se ha mencionado más arriba, el PAN contempla las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos Ministerios pretendan elevar cada año natural al Consejo de Ministros. Esto supone una importante novedad en el modo de trabajar de nuestras instituciones, que tendrán que decidir con antelación qué asuntos serán prioritarios cada año.

Para aprobar el PAN, los Ministerios deben remitir sus iniciativas legislativas a la Junta de Planificación y Evaluación Normativa antes del 1 de marzo. Una vez aprobada la lista de iniciativas que estarán incluidas en el Plan, la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos Económicos emitirá un informe sobre las mismas. A raíz del informe, el titular del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, elevará el Plan para su aprobación en Consejo de Ministros.

Si bien el Plan es una herramienta muy valiosa para adelantarnos a las acciones del Gobierno en materia legislativa, no coarta la libertad de los Ministerios para proponer otras leyes en un momento posterior. De hecho, el Real Decreto 286/2017 establece que cualquier Ministro podrá proponer leyes o reglamentos no contemplados en el Plan Anual si así lo justifican adecuadamente en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que ha de acompañar a cualquier nueva ley.

El propio Plan Anual tampoco está blindado ante posibles cambios, y existe la posibilidad de aprobar uno nuevo sin que haya terminado la vigencia del anterior. Éste sería el caso si se dan circunstancias especiales que afecten a varios proyectos impulsados desde distintos Ministerios (como una grave crisis), o en el caso de que haya un nuevo Gobierno.

En definitiva, el PAN busca dar debido cumplimiento a la exigencia de racionalizar la actividad de producción normativa y mejorar la calidad de nuestras normas. Sin duda, debido a la creciente complejidad institucional UE-Estado-Comunidades Autónomas, uno de los retos más importantes de nuestra época.