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El Gobierno aporta 297 millones más a las políticas activas de empleo para CCAA

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en funciones, Magdalena Valerio, un acuerdo para aportar 297,3 millones de euros a los fondos de políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas (CCAA), de acuerdo con los criterios objetivos fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 18 de julio.

El importe total a repartir asciende a 297.364.143 euros, que sumados a los 2.019.364.143 euros ya distribuidos en base a los criterios fijados en la Conferencia Sectorial del mes de febrero de este año, totalizan 2.317 millones de euros. Esta cifra supone un aumento del 9% respecto de las cifras totales distribuidas en 2018.

En estos importes se recogen parte de las cuantías destinadas a la ejecución del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 y al Plan Reincorpora-T 2019-2021, aprobados en diciembre de 2018 y en abril de 2019, respectivamente. Las acciones a las que se destinan los fondos cuya distribución se ha aprobado son las siguientes:

 

ÁMBITO Cantidad en euros
Iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados 34.193.815
Iniciativas de oferta formativa para trabajadores ocupados 6.482.297
Oportunidades de empleo y formación 77.801.901
Acciones del Sistema de Formación Profesional para el Empleo de carácter extraordinario realizadas en la red pública de centros de formación 1.103.624
Acciones de Formación Profesional para el empleo relacionadas con la negociación colectiva y con el diálogo social 7.500.000
TOTAL 127.081.637
Oportunidades de empleo (EJE 3) 84.928.852
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento (EJE 5) 1.353.654
Orientación profesional para atender a PLDs 81.000.000
TOTAL 167.282.506
Para la Modernización de los Servicios Públicos de Empleo (Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo) (EJE 6) 3.000.000
TOTAL 297.364.143

 

Impuesto medioambiental de Castilla y León impugnado al Constitucional

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno en funciones la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, contra el artículo único cuatro de la Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, al considerar que incurre en un supuesto de doble imposición.

En dicho artículo, el legislador autonómico incluye un nuevo hecho imponible en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. En concreto, incorpora al ya existente impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, regulado en dicho Decreto Legislativo, una nueva imposición sobre el almacenamiento temporal de residuos radioactivos.

Por su parte, el Estado había establecido en los artículos 15 a 17 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un impuesto sobre la producción de combustible nuclear.

Por ello, el Gobierno en funciones, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado, considera que la regulación contenida en la Ley 6/2018, de 13 de noviembre incurre en un supuesto de doble imposición de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas -LOFCA-, en relación a lo previsto en el Título II de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que aborda la regulación del denominado impuesto estatal sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.

Ambos tributos recaen sobre el mismo hecho imponible, los residuos que genera una central nuclear, haciéndolo además desde la misma perspectiva: gravar las externalidades negativas que supone la energía nuclear, medidas por los riesgos que comporta. De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la reciente STC 43/2019, no deberían gravarse todas o algunas de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado dentro de una central nuclear y dirigidas a la correcta gestión de dicho residuo, ya que la fundamentación del gravamen ya se encuentra subsumida dentro de los impuestos estatales.

En definitiva, se estima que, pese a la distinta configuración de los elementos de cuantificación, ambos impuestos, el autonómico y el estatal, gravan lo mismo y son equivalentes en el sentido prohibido por la LOFCA.

De esta manera, el Gobierno en funciones considera que concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional, tras no alcanzarse un acuerdo en las negociaciones que han mantenido la Administración General del Estado y el Gobierno de Castilla y León, al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.