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El Gobierno eleva a 4.682 los recursos de las CCAA y aprueba medidas para fortalecer el turismo

El pasado viernes, además de la exhumación de Francisco Franco, el Consejo de Ministros en funciones aprobó dos Reales Decreto-Ley. El primero de ellos permitirá la actualización de las entregas a cuenta de 2019 de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales; y el segundo servirá para adoptar medidas urgentes dirigidas a paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook y fortalecer el sector turístico español.

De esta forma y por primera vez con un Gobierno en funciones, las Comunidades Autónomas recibirán 4.682 millones de euros procedentes de la actualización de las entregas a cuenta de 2019. Esta cifra se suma a los 2.136 millones que ya recibían de más las CCAA en 2019 con respecto a los Presupuestos Generales del Estado 2018 por la aplicación automática de la prórroga presupuestaria. En total, las Comunidades Autónomas ingresarán este año 102.800 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7,1% más que el año anterior.

A su vez, las Entidades Locales, recibirán a cuenta 821,87 millones de euros. El importe total que recibirán las corporaciones locales por el sistema de financiación se sitúa en los 18.879,21 millones de euros y supone un 4,6% más respecto a las de 2018.

Thomas Cook y el turismo

El otro Real Decreto-Ley dirigido al turismo y que afecta especialmente a Canarias y las Islas Baleares se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

Se habilita 500 millones de euros para la digitalización, innovación y modernización de los servicios turísticos, dejando al FOCIT, organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Turismo la gestión de los mismos y 1,48 millones de euros para SEGITTUR con el fin de apoyar la transformación en el marco de la Estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes.

El capítulo segundo sobre Empleo y Seguridad Social reconoce la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y en el capítulo tercero se fija la obligación de que sean las Comunidades Autónomas quienes coordinen la protección por desempleo y la ejecución de sus políticas activas de empleo para dar respuesta a la situación de los trabajadores afectados por esta situación excepcional.