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El Gobierno crea el Comité Organizador de la XXV Conferencia sobre cambio climático

Tras aceptar el Gobierno el pasado 1 de noviembre la celebración en Madrid de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) durante el 2 al 13 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto-ley donde se contempla la creación de un Comité Organizador, cuya presidencia corresponderá a la ministra para la Transición Ecológica y la vicepresidencia al director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El nuevo Comité Organizador tendrá como una de sus prioridades fomentar la participación del sector privado mediante incentivos fiscales al mecenazgo, que deben ser establecidos a través de una norma con rango de ley. El artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula para supuestos de este tipo los llamados «Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público».

Celebración de contratos públicos

La duración de este programa de apoyo abarcará desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020. Además, la celebración de la cumbre del clima en las fechas previstas requerirá celebrar contratos públicos, que serán arbitrados por medidas urgentes a la contratación. En este sentido, el Gobierno advierte que la Ley de Contratos del Sector Público no resulta suficiente para garantizar los contratos necesarios en tiempo y forma por lo que justifica la aplicación de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Será pues el Secretario de Estado de Medio Ambiente como órgano competente para aprobar y disponer los gastos necesarios, contractuales o no, y para reconocer las correspondientes obligaciones, el encargado de garantizar que las correspondientes gestiones se realizan de manera ordenada y eficiente bajo la autoridad de un único órgano administrativo.

Asimismo, para que la Administración General del Estado pueda disponer de manera inmediata de los medios personales y económicos que resulten necesarios, se habilita a los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública para adoptar todas las medidas en materia de personal necesarias para la ejecución y desarrollo de todas las actividades vinculadas a la celebración de la COP25.

Las actuaciones previstas se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidos con cargo a las disponibilidades presupuestarias existentes. Para ello, el Ministerio de Hacienda aprobará las modificaciones presupuestarias correspondientes.

 

El Comité se estructura en un Pleno, una Comisión Ejecutiva y una Comisión Técnica. Serán vocales del Pleno, representantes de la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno, así como de los ministerios para la Transición Ecológica, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Política Territorial y Función Pública; Hacienda e Interior; de la Casa de S.M el Rey, del Alto Comisionado para la Agenda 2030, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

El Pleno deberá aprobar el programa de actividades de la COP 25, recabar la colaboración de los departamentos ministeriales y de los organismos y entidades competentes para el cumplimiento de sus objetivos, coordinar y apoyar las acciones de las administraciones públicas y de otras instituciones y entidades, para el adecuado desarrollo de las actividades a que se refiere el presente real decreto, y cualesquiera otras que fueran procedentes para el desarrollo de la COP 25.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva estará presidida por la ministra para la Transición Ecológica en funciones y se compondrá de los siguientes vocales: el secretario de Estado de Medio Ambiente, la secretaria de Estado de Seguridad, el secretario General de la Presidencia del Gobierno; el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, la subsecretaria del Ministerio para la Transición Ecológica, la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda; la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, un miembro de la Unidad Apoyo; un representante de la Comunidad de Madrid y otro del Ayuntamiento de Madrid.

La Comisión Técnica dependerá de la Comisión Ejecutiva y se compondrá de cinco miembros, designados por la Presidencia de la Comisión Ejecutiva, pudiendo recaer en miembros de la propia Comisión Ejecutiva. Dos miembros serán designados a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, uno a propuesta del Ministerio de Hacienda, uno a propuesta de la Comunidad de Madrid y uno a propuesta del Ayuntamiento de Madrid.

Plan de Seguros Agrarios

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también el pasado viernes el 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados, que contempla las líneas de seguros cuyo periodo de suscripción se inicia a lo largo del año 2020, junto con los porcentajes de subvención establecidos para cada una de ellas, en función de la modalidad de aseguramiento elegida.

Dado que el ejercicio 2020 se iniciará con Presupuestos Generales del Estado nuevamente prorrogados, el presupuesto total para la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) se mantendrá en los 216,43 millones de euros, de los cuales, 211,27 millones se destinarán a subvencionar las primas del seguro.

El Plan 41 prevé realizar una serie de estudios en el 2020 con vista a la incorporación de nuevas coberturas, entre ellas, las referidas a las explotaciones olivareras, por sequía en el cultivo de la alfalfa, para rendimientos en el cultivo de avellano, para el cultivo de aguacate en las Islas Canarias, con la intención de incluir nuevas especies y sistemas de producción en las líneas de seguros de acuicultura marina y continental, en relación a la retirada y destrucción de animales muertos en explotación para altas mortalidades en explotaciones avícolas que gestionan sus subproductos a través de incineradoras,y para las explotaciones de  ganadero vacuno de cebo.