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A las Cortes, los Proyectos de Ley del Sandbox, el impuesto de Transacciones Financieras y Servicios Digitales

El último Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de tres Proyectos de Ley en el área económica y fiscal, como son la regulación del “Sandbox”, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Además, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley que deroga el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que contemplaba el despido procedente por bajas médicas justificadas.

Cada uno de los Proyectos de Ley aprobados por el Consejo persigue unos objetivos específicos. En el caso del “Sandbox” se pretende dotar al proceso de transformación digital de las entidades financieras de un entorno jurídico que proteja al usuario, mantenga la estabilidad financiera, así como la integridad del mercado e impida la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Por otro lado, el visto bueno al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras o “Tasa Tobin”, que ya está vigente en Francia e Italia, pretende gravar operaciones que en estos momentos no se encuentran sujetas a impuesto alguno, lo que aportaría un total de 850 millones de euros anuales a las arcas del Estado. Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. De esta forma, se evita que el Impuesto afecte a la compraventa de acciones de pymes.

La liquidación del Impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual y el sujeto pasivo será el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición. Estarán exentas las operaciones en el mercado primario por lo que no tendrá impacto en las empresas que salgan por primera vez a Bolsa, las operaciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

Respecto al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Gobierno dice apostar  primero por lograr un consenso a nivel internacional de esta figura y trabaja en el marco de la OCDE y el G20 para lograr ese acuerdo. Sin embargo, sin dejar de buscar ese consenso global, el Ejecutivo ha decidido avanzar a nivel nacional en esta figura que podría aportar a las arcas nacionales 968 millones de euros al año con el compromiso de que, una vez alcanzado un acuerdo internacional, España pudiera adaptar a su legislación ese tributo consensuado.

El objetivo del impuesto, de carácter indirecto, es gravar los servicios digitales en los que existe una contribución esencial de los usuarios en el proceso de creación de valor de la empresa que presta esos servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. Afectaría a compañías con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España.

El tipo de gravamen del Impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en línea; servicios de intermediación en línea; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El pago, este primer año, se efectuará a finales de 2020.

Por último y sin carácter retroactivo, el Consejo de Ministros ha derogado el artículo del Estatuto de los Trabajadores que amparaba el despido por bajas médicas justificadas. El Real Decreto-ley cumple además con las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia del 18 de enero de 2018 ya había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo, por faltas de asistencia justificadas, iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.