Inicio Consejo de Ministros Los fondos deberán publicar su implicación en las firmas cotizadas

Los fondos deberán publicar su implicación en las firmas cotizadas

El Consejo de Ministros, reunido ayer, adoptó una medida de gran impacto para el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, como es la tramitación del Anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital, que obligará a las gestoras de fondos a publicar su política de implicación en las sociedades en las que invierten y permitirá “las acciones de lealtad”. No ha sido el único tema trascendental en la agenda del Ejecutivo, que también aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Educación (LOMLOE) y declaró, con motivo de la celebración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, su firme compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, dando vía libre al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual.

En la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, que transpone la Directiva 828/2017/UE, ha participado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital así como el Ministerio de Justicia. Respecto a las novedades del gobierno corporativo, destacan los siguientes aspectos:

  • La norma establece que las empresas puedan conocer la identidad y motivación de sus inversores;
  • Obliga a las gestoras de fondos de inversión a elaborar y hacer pública su política de implicación en las sociedades en las que invierten;
  • Regula por primera vez la figura de los «asesores de voto» o «proxy advisors», que son aquellas entidades que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto derivado de la titularidad de acciones, previendo que deberán publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos;
  • Incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas.

Con ello, se desincentiva el cortoplacismo de algunos inversores y gestores, y recompensa el compromiso a largo plazo de los accionistas.

Además, el anteproyecto aumenta la competitividad de nuestro mercado bursátil, para que más empresas europeas elijan España como plaza para salir a bolsa, manteniendo la protección al pequeño inversor.

  • Se permiten opciones que ofrecen otros países de nuestro entorno como las «acciones de lealtad», que establece que los accionistas puedan otorgar un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Las acciones de lealtad refuerzan la vinculación a largo plazo de los accionistas, en línea con el objetivo general de la norma.
  • Se ajustan los requisitos que no son obligatorios en otras jurisdicciones.

Y por último, se adapta a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto, manteniéndose algunas excepciones necesarias para la protección de inversores.

Nueva Ley de Educación

Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Modificación la Ley de Educación (LOMLOE) que sustituirá a la LOMCE y supondrá la modernización de la Formación Profesional; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Para todo ello, el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.

La educación para el desarrollo sostenible se incluirá en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria igual que la digitalización a través de un Plan de Digitalización y Desarrollo de la Competencia Digital en Educación y Formación Profesional.

La Educación Primaria se organiza en tres ciclos. La Ley elimina la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (desaparece la anterior división de materias en troncales, específicas y de libre configuración) y se suprimen definitivamente las pruebas finales de etapa.

El texto lleva a cabo una regulación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional. Se recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013 -un 55% de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales y un 65% serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial-.

Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable.

Por otro lado, la norma garantiza que todos los estudiantes de Educación Primaria y ESO cursen una materia de educación en valores cívicos y éticos. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de que, excepcionalmente y cuando el claustro valore que se han obtenido los objetivos del ciclo, se obtenga el título por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.

Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.