Inicio Consejo de Ministros El Gobierno moviliza 200.000 millones para combatir los efectos económicos del COVID-19

El Gobierno moviliza 200.000 millones para combatir los efectos económicos del COVID-19

El Consejo de Ministros ha decidido movilizar cerca del 20% del PIB, 200.000 millones de euros para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas de los efectos económicos del COVID-19. Para las personas mayores, dependientes y familias vulnerables, el Real Decreto-ley destina 600 millones de euros a financiar prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Además, para este colectivo se amplía la protección a los suministros de energía, agua, telecomunicaciones así como el derecho a la vivienda. En este último apartado, se incluye una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para quienes vean reducirse sus ingresos.

Respecto a la protección del empleo, los trabajadores asalariados podrán reducir o adaptar su jornada de trabajo, incluso hasta un 100% para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal y se dota a las pymes de un instrumento de 200 millones de euros a través del ICO para la compra o leasing de ordenadores y otros equipos.

Flexibilización de los ERTES y ceses de actividad de autónomo

Los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aún sin cumplir el requisito de cotización previa exigido y sin que compute a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo. Por su parte, el empresario quedará exonerado de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social del 100% si la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores y del 75% para el resto.

Para los autónomos se flexibiliza el acceso al cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica.

Liquidez de las empresas

Con objeto de garantizar la liquidez a las empresas, el Ejecutivo ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras.

Por otro lado, las Administraciones Públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del COVID-19 en los contratos del sector público, estableciendo un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo.

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica.

El Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el COVID19 al que dedicará 30 millones de euros.

Prorroga validez DNI

El Real Decreto-ley, así mismo, prorroga durante un año la validez de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma el pasado sábado 14 de marzo. La prórroga de la validez del DNI permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los cambios realizados son los siguientes:

  • Se añaden las playas a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público.
  • Se establece la obligación de circulación individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores o mayores.
  • Se incluyen a las clínicas veterinarias a los establecimientos exceptuados de la suspensión de apertura y se limita la actividad de peluquería solamente a los servicios a domicilio.
  • Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando.
  • Se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia a situaciones no previstas en el mismo.
  • La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse necesariamente en los plazos previstos.

Finalmente, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Acuerdo por el que se introducen medidas excepcionales que permitirán a la Intervención General del Estado (IGAE) adaptar el marco de fiscalización de las cuentas públicas para reaccionar de forma ágil a situaciones excepcionales, como la derivada del COVID-19. La Ley General Presupuestaria autoriza al Gobierno para que pueda sustituir la función interventora por el control financiero en aquellos casos en los que se den circunstancias que lo hagan aconsejable por razones de eficacia en la prestación del servicio. Esta decisión se ha adoptado de forma temporal y mantendrá su vigencia hasta que las autoridades competentes acuerden la vuelta a normalidad de los servicios públicos.