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El Gobierno reparte 300 millones entre CCAA y crea un Plan Social con 50 medidas

El Consejo de Ministros, reunido ayer de manera ordinaria, aprobó un Real Decreto-ley que contempla un paquete de más de 50 medidas económicas y sociales con las que se han reforzado las acciones adoptadas en las tres últimas semanas. Además, también acordó repartir 300 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para combatir el Covid-19, siendo Madrid, Cataluña y Andalucía, las que han recibido mayores importes con 44.231.363, 51.367.983 y 44.231.363 euros, respectivamente, de acuerdo al criterio establecido.

En este sentido, la población (80%), el número de casos (15%) y los ingresos en UCI (5%) a fecha 24 de marzo han sido los factores determinantes para realizar este reparto. El Gobierno, además, ha informado a las Consejerías que a partir de ahora dispondrán de 52.393 nuevos profesionales sanitarios más, entre médicos internos residentes, enfermeros, profesionales jubilados en los dos últimos años, médicos extracomunitarios y estudiantes de medicina y enfermería de último curso, habilitados para reforzar el equipo humano. En material sanitario, el Ejecutivo ha entregado ya a los gobiernos regionales 10.671.779 mascarillas, 9.724.100 guantes de nitrilo, 65.538 batas desechables e impermeables, 84.027 buzos, 35.103 gafas de protección, 144.590 soluciones hidroalcohólicas y 328.900 materiales como calzas, delantales, cubremangas o gorros.

50 nuevas medidas en el Plan Social y Económico

El nuevo paquete de medidas incluye más de 50 iniciativas que se articulan en tres bloques. El primero ofrece apoyo a trabajadores, familias, consumidores, autónomos y colectivos más vulnerables. El segundo, se trata de acciones para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad. Y, en tercer término, se han aprobado medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse su duración hasta un mes después del final del Estado de Alarma.

Entre las más de 50 iniciativas aprobadas, destacan las siguientes:

  • Aplazamiento de cotizaciones a empresas. Se habilita a la Seguridad Social para conceder moratorias en el pago de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos y se permite el aplazamiento del pago de deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio.
  • Aplazamiento de pago de suministros para empresas. Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.
  • Cuota de autónomos. Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado.
  • Reembolso de planes de pensiones en caso de ERTE´s y autónomos. Se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones cuando el partícipe se encuentre en desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo o el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
  • Renovación automática de alquileres. Se renuevan automáticamente los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.
  • Moratoria del alquiler para los casos vulnerables con pequeño tenedor. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.
  • Moratoria del alquiler para los más vulnerables que tengan un gran tenedor de vivienda. La renta podrá aplazarse durante el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses para aquellos que tengan un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.
  • Microcréditos para inquilinos vulnerables. En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
  • Nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual. La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.
  • Prohibición de desahucios. Se prohíben los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.
  • Moratoria en el préstamo hipotecario y de consumo. En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el Real Decreto-ley 8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del Estado de Alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria. También se establece la posibilidad de una moratoria en los créditos al consumo.
  • Subsidio a las empleadas del hogar. Se crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o reducción de actividad. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.
  • Subsidio para los trabajadores temporales sin prestación. Para trabajadores temporales cuyo contrato finalice y que no tuviesen derecho a prestación podrán acceder a un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar
  • Se garantizan los gastos y suministros básicos. Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de ningún ciudadano durante el estado de alarma. Se incluyen los suministros de electricidad, gas, gasoil, agua corriente, telecomunicación fija y móvil.
  • Contratos con consumidores. Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
  • Reembolso de viajes combinados. En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso.
  • Mantenimiento de tarifas de telecomunicaciones. En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor. Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.
  • Límites al juego online. Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.