Inicio Consejo de Ministros El Gobierno acuerda nuevas medidas para el sector agrario

El Gobierno acuerda nuevas medidas para el sector agrario

En la última sesión del Consejo de Ministros celebrada ayer se ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados la autorización para prorrogar el Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo hasta las 00:00 horas del día 26 de abril. El Gobierno ha anunciado que esta situación se someterá a las mismas condiciones establecidas en dicho Real Decreto.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes de carácter temporal en el empleo agrario para responder a las necesidades de agricultores y ganadores, y en donde también se introducen cambios para autónomos y empresas, así como modificaciones en Seguridad Social, además de otras disposiciones. En el terreno educativo, por último, ha creado cuatro nuevos títulos de FP de Grado superior de ciberseguridad y digitalización industrial.

Respecto a las medidas adoptadas en el sector agrario, destaca la flexibilización de la contratación durante el Estado de Alarma para asegurar la recolección en las explotaciones agrarias. En este sentido, se adoptan las siguientes iniciativas:

  • Se permitirá compatibilizar la prestación por desempleo o demás prestaciones con el desempeño de las tareas agrarias, también quienes se hayan visto sujetos a un ERTE, aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya entre el periodo comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio de 2020 y los jóvenes nacionales de terceros países que se encuentren en situación regular, y tengan entre 18 y 21 años.
  • Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares del trabajo. Los empresarios deberán garantizar los medios de protección frente al Covid-19.
  • Las retribuciones percibidas por la actividad laboral serán compatibles con las distintas prestaciones de desempleo.
  • Las Administraciones competentes y los agentes sociales serán los que promoverán la contratación de estas personas.

Moratoria de cuotas a la Seguridad Social y prestación extraordinaria para autónomos

En la moratoria de cuotas de la Seguridad Social para empresas y autónomos, el Ejecutivo también ha incluido algunas puntualizaciones en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Así, la moratoria, en los casos en que sea concedida, únicamente afectará a las aportaciones empresariales en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, así como a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Respecto la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, el Ejecutivo ha procedido a cambiar el periodo de cálculo de ingresos -que inicialmente era de 6 meses- a los autónomos del sector agrícola, marítimo, cultural o de espectáculos públicos, ampliando así la flexibilización aprobada la semana pasada para determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo de campañas o periodos temporales superiores al semestral.

En este sentido, se ha procedido a dar una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-ley 8/2020 puntualizando el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios para la percepción de la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%). Tal y como recoge la modificación de la norma, esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que finalice el estado de alarma.

Modificaciones en materia de Seguridad Social

En el Real Decreto-ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo; y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad. También se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico.

Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como situación asimilada a accidente de trabajo. De esta forma tendrán tal consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente «in itinere».

Otras disposiciones

Por otra parte, y para que, durante la vigencia del estado de alarma, todos los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y de la Mutualidad General Judicial que, en este periodo, comiencen o continúen en una situación de incapacidad temporal sigan percibiendo sus retribuciones, se establecen normas temporales de actuación a los órganos de personal, para dar cobertura a la tramitación y abono de todas las situaciones de incapacidad temporal. De esta forma se garantiza a estos mutualistas la percepción de sus retribuciones.

También se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, clarificando algunos aspectos relacionados con la consideración con carácter excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo, de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente «in itinere».

Además, ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, y la necesidad de estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la investigación clínica tanto en relación con medicamentos como con productos sanitarios, se establece la exención del pago de tasas en los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los procedimientos de licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias excepcionales para la fabricación de los productos sanitarios necesarios, así como en los procedimientos de autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, relacionadas con el COVID-19.