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El Ejecutivo remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El Consejo de Ministros ha acordado tres importantes iniciativas en la reunión celebrada ayer, como la solicitud de autorización del Congreso de Diputados para prorrogar del Estado de Alarma hasta el 7 de junio, la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la puesta en marcha de nuevo tramo de avales para pymes y autónomos de un importe de 20.000 millones de euros.

Respecto a la primera de ellas, se ha acordado acudir hoy miércoles al Congreso de los Diputados para pedir autorización a la prorroga del Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio. En este acuerdo, se contempla también la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, relativa a la suspensión de plazos administrativos, de manera que, con efectos 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudaría.

Proyecto de Ley de Cambio Climático

 El Gobierno también ha remitido a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), en el que España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. El objetivo final de la ley es alcanzar antes del 2050 la neutralidad de emisiones en España y que sólo se emitan gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber.

El texto de PLCCTE consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

  • Neutralidad climática no más tarde de 2050. Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
  • Renovable 100% en 2050. Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable. Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
  • Reducción de emisiones entre 50% y 55%. Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
  • Eficiencia energética. Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

El proyecto incorpora medidas para facilitar la integración de energías renovables en el mix energético español, entre las que destacan las siguientes:

  • Titular de almacenamiento. Se crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico para favorecer la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.
  • Agregador independiente. Se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
  • Se impulsa la hibridación. Se favorece la flexibilidad del sistema para incorporar distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.
  • Repotenciación de las instalaciones. Las instalaciones podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.
  • Nuevo marco retributivo para renovables. El Gobierno deberá desarrollar un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, ampliando hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

El sector de la movilidad y el transporte, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio. Todas las Administraciones Públicas -Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales- podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. La ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes.

Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables. Así, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

Respecto a las desinversiones, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’. En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

Nueva línea de avales para pymes y autónomos

Por último, el Gobierno también ha aprobado el nuevo tramo de avales de 20.000 millones de euros destinado a pymes y autónomos. En total, este colectivo ha recibido 80.000 millones de euros. Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA concede a las Sociedades de Garantía Recíproca.

Podrán solicitar los avales de este cuarto tramo las pymes y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.

  • Importe y duración del préstamo. El aval garantiza el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
  • Plazo de la solicitud. Las pymes y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

La distribución de la línea de avales entre las entidades se llevará a cabo con los mismos criterios que los establecidos en los tramos anteriores, en función de la cuota de mercado comunicada al Banco de España a cierre de 2019. El volumen máximo asignado para cada entidad será válido hasta el 30 de junio.