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El Gobierno aprueba el Real Decreto-Ley de nueva normalidad y el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia

Durante el Consejo de Ministros, celebrado el pasado martes, 9 de junio, se decidió, por un lado, aprobar el Real Decreto-ley que sienta las bases de la nueva normalidad y, por otro, remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia así como el Proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI)

El texto respecto a la nueva normalidad impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública con sanciones de hasta 100 euros para quienes no la lleven en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público.

También es obligatorio su uso en el transporte aéreo, marítimo, autobús o ferrocarril, y en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el transporte marítimo se adapta la obligación a las particularidades del sector.

La autoridad competente para vigilar y establecer las medidas en la nueva normalidad serán las Comunidades Autónomas, excepto si las medidas vinculadas a la libertad de circulación exceden de su ámbito territorial. Y serán también los gobiernos regionales, los que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad.

El Real Decreto-ley recoge la declaración expresa de la COVID como enfermedad de declaración obligatoria urgente e introduce, además, el deber de las Comunidades Autónomas de suministrar toda la información al respecto. Todo caso sospechoso tendrá que realizarse una prueba diagnóstica por PCR garantizando la asistencia en todos los niveles, de forma especial en atención primaria.

Las Comunidades Autónomas deberán, además, velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad. Los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, deben disponer de planes de contingencia para seguir luchando contra la COVID-19.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de que dispongan.

Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

Por otro lado, el Gobierno, tras el proceso de consultas, ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para dar respuesta a la obligación de protección de las personas menores de edad establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3 del Tratado de Lisboa así como en el artículo 39 de la Constitución Española.

Las principales novedades que introduce este Proyecto de Ley Orgánica son:

  • Ayuda integral a víctimas de violencia. Se garantiza a los niños y adolescentes, víctimas de violencia, el derecho a la información y apoyo a la atención integral así como cualquier ayuda en los procedimientos judiciales.
  • Formación especializada a profesionales. Se promueve la formación especializada de los profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad por las Administraciones Públicas. También a quienes integren el ámbito judicial y fiscal, y las mismas Fuerzas de Seguridad.
  • Deber de comunicación de la situación. Aquellos colectivos profesionales que tengan conocimiento de violencia contra menores, aun no ser constitutivo de delito, deberán comunicarlo a la autoridad.
  • Mecanismos seguros de las Administraciones. Las Administraciones Públicas deberán ofrecer mecanismos accesibles y seguros de comunicación, fomentando la información de situaciones de violencia por otros menores.
  • Conferencia sectorial. Se establece la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia, como órgano de cooperación entre las Administraciones Públicas.
  • Estrategia nacional. Se elaborará una Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales.
  • Detección precoz de la violencia. Se refuerza detección precoz y prevención con planes y programas públicos dotados presupuestariamente y que prioricen a los colectivos más vulnerables.
  • Coordinador contra el acoso escolar. Se crea en la Ley de Educación la figura del coordinador y se definen sus funciones para evitar el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia.
  • Protocolo Sanitario. Se desarrolla un protocolo sanitario para que quienes se encuentren en situaciones de violencia, accedan a los servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación.
  • Autoridad, funcionarios de servicios sociales. Se atribuye la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales.
  • Delegado de protección. Se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad.
  • Protección de datos. Se regula el canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar una adecuada protección del derecho fundamental a la protección de datos personales y la rápida retirada de Internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.
  • Protocolos en los centros de protección. Los centros de protección deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a las situaciones de violencia comprendidas en esta ley.
  • Mayor dotación presupuestaria en Justicia. Se prevé un aumento de la dotación presupuestaria en el ámbito de la Administración de Justicia y la Administración de los Servicios Sociales para luchar contra la victimización secundaria.
  • Registro Central de delincuentes sexuales. Se perfecciona la regulación relativa a la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de no haber cometido delitos contra la libertad o indemnidad sexuales o de trata de seres humanos con fines de explotación sexual para desarrollar actividades que supongan contacto habitual con personas menores de edad.
  • Obligación de denuncia a familiares. Se obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.
  • Prueba preconstituida. Se pauta como obligatoria la práctica de la prueba preconstituida por el órgano instructor, cuando la víctima sea una persona menor de catorce años o con discapacidad a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente.
  • Consentimiento de progenitores o autorización judicial para el traslado del menor. Se atribuye la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores de edad a ambos progenitores. Por tanto, se requiere el consentimiento de ambos o autorización judicial para el traslado de la persona menor de edad, con independencia de la medida que se haya adoptado en relación a su guarda o custodia, salvo suspensión o privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha facultad a uno de los progenitores.
  • Prohibida la publicidad que promuevan la violencia. Se prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en personas menores de edad la adopción de conductas violentas sobre sí mismas o sobre terceros, así como los que integren una serie de estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.
  • Delito de odio. Se da una nueva regulación a los delitos de odio, incorporando la edad como causa de discriminación, dentro de estos tipos penales.
  • Penas más duras para delitos contra menores. Se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos a menores de dieciséis años.
  • Prescripciones más extensas. El plazo de prescripción para este tipo de delitos se contará a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años.
  • Privación de la patria potestad. Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.
  • Sustracción de menores. Se introduce como posible sujeto activo en el tipo penal de sustracción de personas menores de edad el progenitor que únicamente tenga en su compañía a la persona menor de edad en un régimen de estancias.
  • Nuevos tipos delictivos en Internet. Se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.
  • Justicia gratuita para todos los casos. Se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas menores de edad y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección víctimas de delitos violentos graves, con independencia de la situación económica de la víctima.
  • Acogimiento transfronterizo. Se regulan las condiciones y el procedimiento aplicable a las solicitudes de acogimiento transfronterizo de menores procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Convenio de la Haya de 1996.
  • Derecho al menor a ser escuchado. Se modifica de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los expedientes de su interés, salvaguardando su derecho a la defensa, expresarse con libertad y garantizando su intimidad.
  • Dos proyectos de Ley. Se encomienda al Gobierno la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio Fiscal.

Por último, el Proyecto de Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de España en la cuarta fase (2021-2030) del RCDE UE se trata de una transposición de la Directiva (UE) 2018/410 y define las reglas comunes para todos los participantes en este sistema. Además, establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Además, crea dos nuevos fondos para financiar hacia una economía baja en carbono.

El Fondo de Innovación fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías otorgando ayudas para la construcción de grandes proyectos de demostración de escala pre-comercial en cuatro principales áreas de actuación: las energías renovables innovadoras, el almacenamiento energético, la descarbonización de la industria y la captura y almacenamiento o uso del CO2. Se espera que a lo largo de su vida este fondo distribuya a los proyectos elegidos más de 10.000 millones de euros. Por su parte, el Fondo de Modernización es una herramienta únicamente accesible para los países con PIB per cápita inferior al 60% de la media de la Unión Europea, y deberá destinarse a modernizar los sistemas energéticos de estos países.