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El Gobierno impulsa las renovables en un Real Decreto-ley que incluye el retraso del 5G

El pasado martes, 23 de junio, la reunión del Consejo de Ministros se cerró con la aprobación de una de las normas más esperadas por el sector eléctrico, el Real Decreto-ley para impulsar la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable, en el que se definen los nuevos modelos de negocio y se eliminan las barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables. Pero, además, el nuevo Real Decreto-ley incluye otros aspectos importantes como la creación de puntos de recarga eléctrica de alta capacidad y ultra-rápidos (con potencia superior a 250 kW) para vehículos eléctricos en autopistas, autovías y carreteras y, por otro lado, el retraso de la licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G, a causa del COVID-19.

Respecto a este último aspecto, la norma fija la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda de 700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020. Esta nueva fecha es consecuencia de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 y el Estado de Alarma, que obligaron a ralentizar la ejecución de las actuaciones para liberar las frecuencias necesarias para el despliegue de las futuras redes 5G.

El pasado 30 de marzo España comunicó a la Unión Europea que, tal y como establece la norma por causas de fuerza mayor y estaba ocurriendo en otros países, la situación provocada por el COVID-19 impedía completar el proceso para el 30 de junio de 2020, plazo establecido en la Decisión 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo. En consecuencia, se produce también el aplazamiento de la licitación de la banda de frecuencias de 700Mhz para servicios 5G, que, tal y como anunció el pasado mayo la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se producirá en el primer trimestre de 2021.

Por otra parte, las emisiones en simulcast (emisión simultánea de un canal de televisión a través de las frecuencias nueva y antigua) se van a mantener hasta el 30 de septiembre, con el fin de facilitar a los usuarios la adaptación de sus instalaciones para recibir las nuevas frecuencias planificadas. Las tareas de liberación del Segundo Dividendo Digital que han de ejecutar los distintos agentes se deberán realizar en los edificios y domicilios particulares adoptando las medidas de prevención necesarias, como el distanciamiento social, la utilización de mascarillas y guantes.

Novedades para las compañías de energía renovables, con permisos más ágiles

El Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas en materia de energía contempla permisos más ágiles de concesión a la renovables.  Actualmente, la demanda de solicitudes suma un total de más de 430 megavatios (MW) -320MW en el año 2019 y 108MW en 2020-, sin embargo, el 60% de los proyectos no han solicitado el permiso de conexión, lo que puede responder a un interés especulativo. Según el Ejecutivo, “esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes”, que en la próxima década podría instalar en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Teniendo en cuenta que la previsión para la próxima década es que estas fuentes de energía atraigan una inversión de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias. Esto permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, según el Acuerdo de París y los compromisos con la Unión Europea.

Con este objetivo, Real Decreto-ley, en su artículo 1, regula los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. Se establece, por tanto, una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado.

Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitarán solicitudes especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar Gobierno y Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, de tal forma que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial. Además, se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles, como transformadores o reactancias, que se conectan a la red de transporte y distribución.

Nuevo sistema de subastas

El Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo sistema de subastas de renovables para ofrecer estabilidad de ingresos y financiación a los inversores y contribuir a unas mejores tarifas eléctricas. En el desarrollo reglamentario del precio de la energía se tendrán en cuenta las tecnologías de generación en función del tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.

También se valorará las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

Desarrollo de otros modelos de negocio

El Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio, como la figura del almacenamiento, que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías -fotovoltaica y eólica, por ejemplo-, en una misma instalación. También se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades. Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios («sandboxes») para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico.

La norma extenderá la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030. Este fondo que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. Por orden ministerial, se habilitará el superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020.

Repercusiones del COVID-19: Ofertas Públicas de Empleo

De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

También por el COVID-19, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.

Asimismo, la norma incluye en su artículo 10, la ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo temporal. Dado que la habilitación temporal para ejecutar las ofertas de empleo público de estabilización, mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos, se ha visto alterada como consecuencia de la situación de emergencia vivida y en particular por la suspensión de plazos administrativos, se propone prorrogar dicha habilitación durante el ejercicio 2021.

Esta prórroga se aplica también a los procesos de estabilización de empleo temporal comprendidos en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2017 y 2018 y se aplicará a todas las administraciones públicas sin que represente incremento de gasto.