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El Ejecutivo impulsa el Anteproyecto de Ley de la cadena alimentaria e investigación de la vacuna COVID19

El último día del mes de junio, la reunión del Consejo de Ministros adoptó importantes decisiones. Por un lado, se conoció el informe sobre la estrategia de investigación para superar la COVID-19 -especialmente en vacunas- y se dio vía libre a la tramitación del Anteproyecto de Ley de la Cadena Alimentaria para solucionar la falta de transparencia en precios y corregir la debilidad de agricultores y ganaderos en su capacidad de negociación.

En este sentido, la propuesta legislativa refuerza el desarrollo normativo iniciado, en una primera fase, en febrero para prohibir la venta a pérdida o destrucción del valor en la cadena e introducir la obligatoriedad de que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tiene que cubrir los costes de producción.

El Anteproyecto recoge la extensión de los contratos por escrito a todas las operaciones comerciales de más de 2.500 euros, amplía el catálogo de prácticas comerciales desleales prohibidas y refuerza el procedimiento sancionador.

Respecto a las sanciones, quedan recogidas como infracciones la totalidad de las prácticas comerciales prohibidas en la nueva redacción que se propone para la Ley 12/2013, de 2 de agosto. Entre las leves destacan la cancelación, por cualquiera de las partes, de un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado para su entrega por el vendedor o la devolución, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos al proveedor sin pagar por estos productos no vendidos, o su eliminación, o ambas cosas.

Como graves se incorporan la obstrucción a la inspección o el incumplimiento de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario. En el ámbito autonómico, en el marco de sus competencias con potestad sancionadora, se designarán autoridades que velarán por el cumplimiento de la ley y que tendrán, al menos, las funciones atribuidas a AICA.

Vacuna COVID19

Por otro lado y respecto a los procesos de investigación para la vacuna del COVID-19, el Ministerio de Ciencia ha destinado más de 30 millones de euros, de los cuales 24 millones han constituido el denominado Fondo COVID-19, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y por el que se ha concedido financiación a un total de 127 proyectos, con una aportación pública de 22,4 millones de euros. Este fondo ha financiado ensayos para probar la eficacia de tratamientos ya aprobados frente a la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, nuevas técnicas de diagnóstico y detección del virus, estudios clínicos y epidemiológicos y proyectos de vacunas, entre otros.

Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha constituido la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) denominada Salud Global, en la que se han puesto a trabajar más de 150 grupos de investigación de diferentes especialidades. Por el momento, se han iniciado, con una aportación extraordinaria de recursos de 4,9 millones de euros, 46 proyectos que abarcan un amplio abanico de áreas de conocimiento para atajar las consecuencias de la pandemia.

Por lo que se refiere a la investigación de vacunas, en España hay 12 desarrollos vacunales, algunos de ellos en colaboración entre distintos grupos de investigación, que han recibido una financiación de 7,8 millones de euros. Cinco de los grupos de investigación financiados disponen ya de un prototipo vacunal o candidato a vacuna y han iniciado los ensayos dirigidos a evaluar su capacidad inmunogénica y su posible toxicidad. Uno de estos prototipos ya ha completado con éxito el estudio de respuesta inmune de la vacuna en ratones.

Respecto al fomento de la innovación empresarial, impulsado desde el CDTI. La agencia de innovación ha aprobado un procedimiento rápido de ayudas para proyectos I+D+I en COVID-19, bajo el cual se han otorgado ya 22 ayudas, con una aportación de financiación pública de 11,6 millones de euros. Además, el lunes 11 de mayo se abrió una convocatoria de ayudas extraordinaria de subvenciones a proyectos de I+D en COVID-19 por 12 millones de euros en subvenciones, para la que ya se han concedido diez por un total de 2,9 millones de euros.

En la mejora de datos, el Centro Nacional de Epidemiología, ha puesto en marcha uno de los mayores estudios de seroprevalencia del mundo, realizando pruebas de anticuerpos por dos métodos distintos a una muestra representativa de la población española con más de 60.000 personas. Los resultados de las dos primeras oleadas han arrojado una seroprevalencia del SARS-CoV2 del 5,2% de la población española. Los resultados finales de este estudio se obtendrán en los próximos días y se está trabajando para iniciar otro en el próximo otoño.

Por último, el Consejo de Ministros ha tomado razón de 12 acuerdos de contratación de emergencia que ascienden casi a 50 millones de euros para reforzar las necesidades de adquisición de material sanitario por parte de las comunidades autónomas.