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El Ejecutivo tramitará por urgencia los reales decretos que regulan las nuevas subastas de renovables

El Consejo de Ministros, reunido ayer martes, ha tomado dos importantes decisiones. Por un lado, ha decidido tramitar por vía urgente los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. Y por otro, ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley que prorroga por tres meses la ITV y ofrece mayor liquidez al transporte, y mayor flexibilidad al Plan de Vivienda.

Respecto a la primera iniciativa, el Real Decreto por el que se regula el régimen económico de energías renovables para futuras instalaciones de generación eléctrica mantendrá abierto hasta el 17 de julio el periodo de información pública. Las nuevas subastas, que se convocarán mediante orden ministerial una vez quede aprobado el Real Decreto, podrán emplear, como producto subastado, la energía que la nueva planta ha de entregar al sistema, la potencia instalada o una combinación de ambos conceptos. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.

En el caso del segundo Real Decreto por el que se regula el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas, la urgencia de su tramitación responde al mandato formulado por el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Esta norma ha abordado la actual situación de los permisos de acceso y conexión concedidos con el objeto de evitar movimientos de carácter especulativo, que obstaculizan y encarecen los proyectos renovables firmes y solventes.

Además de establecer hitos temporales que, de no cumplirse, provocan la caducidad de los permisos ya otorgados, el Real Decreto-ley estableció una moratoria para que no se puedan adjudicar nuevos permisos de acceso y conexión en tanto no se apruebe una nueva regulación sobre este tipo de autorizaciones, que deberá vincular su concesión a la firmeza del proyecto.

Para ello, la norma da un plazo de tres meses tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), ambos con competencia en esta área. Con el objeto de dar cumplimiento a este plazo, el Consejo de Ministros autoriza la tramitación de urgencia del Real Decreto que el MITECO ya está elaborando sobre este asunto y que someterá a exposición pública, para la recepción de aportaciones, próximamente.

ITV, transporte y vivienda

El Ejecutivo, también, ha aprobado un Real Decreto-ley para la reactivación económica en los ámbitos de los transportes y de la vivienda, para hacer frente al impacto del Covid-19, que entre otras medidas incluye la prórroga por tres meses de la validez de los certificados de inspección técnica de los vehículos (ITV) cuya fecha de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto de 2020. Además, la nueva norma aporta mayor liquidez para el transporte aéreo, ferroviario y de carretera y flexibiliza las condiciones del Plan de Vivienda.

Este Real Decreto-ley supone un esfuerzo presupuestario, inversor y financiero de 663 millones de euros. Con ellos, se aumentará la capacidad de endeudamiento de Renfe hasta los 1.000 millones con el fin de compensar la caída de demanda y se aportará 110 millones de euros extraordinarios a SEITTSA para que pueda atender sus compromisos de obras públicas en el medio plazo. Por otro lado, se complementarán en parte los 800 millones destinados al transporte público en las Comunidades Autónomas.

El Real Decreto-ley adopta a nivel nacional las disposiciones necesarias para que los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas pongan en marcha las medidas de gestión de los pasajeros y personal de aviación civil ante la pandemia para minimizar riesgos. También prevé la posibilidad de proporcionar liquidez a las empresas, reduciendo las  cargas administrativas, simplificando y acelerando determinados procedimientos, velando por la seguridad jurídica y teniendo en cuenta la capacidad de las instituciones públicas para agilizar los trámites preceptivos para la reactivación y desarrollo de las actividades en el sector del transporte.

En el transporte marítimo, la nueva norma incluye medidas excepcionales relativas a las tasas de ocupación, actividad y del buque, dirigidas a aliviar las dificultades económico-financieras que atraviesan tanto la comunidad portuaria como los navieros. En el ámbito marítimo, se flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados. Además, se permite a las Autoridades Portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación y se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea.

Por último, en el sector del transporte por carretera, se alivia la liquidez en el caso de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general, posibilita ndouna moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria. Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.

Con objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario.

Asimismo, con el objetivo de incrementar el parque de viviendas destinadas al alquiler asequible o social para personas especialmente afectadas por la crisis, se pretende dotar a las Administraciones Públicas de instrumentos jurídicos que permitan una colaboración efectiva en los distintos ámbitos de su actuación, ya sea estatal, autonómico o local, así como mecanismos adecuados para articular la cooperación con operadores económicos.

Consulta pública hasta 17 de julio para regular el régimen económico de proyectos renovables