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El Gobierno acomete reformas para garantizar la seguridad vial y autoriza a la Agencia Estatal de Investigación a financiar proyectos de I+D+i

El Consejo de Ministros, reunido esta semana, ha impulsado una batería de cambios legislativos para afianzar la seguridad vial tras haber aumentado la siniestralidad y, de esta forma, reducir los comportamientos peligrosos frente al volante. Esta reforma se ha centrado en aumentar las penalizaciones de las principales infracciones y aumentar la seguridad vial urbana.

Además, el Gobierno acordó lanzar la principal convocatoria de Proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación para este año. Está dirigida a un sector conformado por 3.000 grupos formados por sociedades científicas, universidades, organismos técnicos y otras organizaciones que son agentes de la comunidad científica.

Por otro lado, el Ejecutivo acordó la remisión a las Cortes Generales de la revisión de la Carta Social Europea. Asimismo, también se manifestó el consentimiento por el cual España se obliga al cumplimiento de los preceptos de la Carta.

Nuevas medidas de seguridad vial

El Gobierno ha impulsado un paquete de reformas legales con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras, en línea con las políticas europeas en la materia. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Una gran parte de las medidas consisten en agravar las penalizaciones impuestas por las infracciones que mayor riesgo tienen en la seguridad vial. Utilizar el teléfono móvil mientras se conduce se penalizará con seis puntos, en vez de tres como hasta el momento. También se acrecientan las penalizaciones por no utilizar el cinturón de seguridad o por usar dispositivos de detección de radares.

En cuanto a la movilidad urbana, el Ejecutivo ha reducido los límites de velocidad, en función del número de carriles que disponga la vía. Afirma que se trata de un paquete de medidas necesario para reducir la siniestralidad en las vías urbanas, la cual se ha visto incrementada durante los últimos años.

Por último, el Consejo de Ministros ha dado un paso importante en la definición de los nuevos vehículos de movilidad personal que han aparecido durante los últimos años, definiéndolos como vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos. Además, se ha incluido cobertura legal respecto las limitaciones del uso de este tipo de vehículos y la documentación técnica requerida para su conducción.

Convocatoria de financiación a proyectos de I+D+i

Las ayudas ascienden a un total de 412 millones de euros, incrementándose en 50 millones respecto la edición de 2019. Se repartirán en distintas modalidades, fomentando proyectos entre los investigadores más jóvenes y aquellos que ya cuentan con una trayectoria consolidada. El Gobierno afirma que su objetivo es el de la retención del tanto y el de dar un espaldarazo económico la comunidad científica española.

Esta convocatoria acompaña a todo un paquete de medidas para revitalizar las sociedades científicas a través de más de 1.000 millones de euros en inversiones directas y a un incremento en la partida presupuestaria destinada a todos estos fines en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

El Ejecutivo afirma que es previsible que en las próximas semanas se apruebe una nueva convocatoria de ayudas para la comunidad científica, en este caso dirigidas a los programas postdoctorales Ramon y Cajal y Juan de la Cierva, aumentando en un 30% la financiación establecida en 2019, alzándose a más de 120 millones de euros.

Remisión a las Cortes de la Carta Social Europea revisada

El Gobierno ha remitido a las Cortes para su autorización en la ratificación de la Carta Social Europea revisada. La Carta procede de 1961 y responde a la necesidad de garantizar y proteger los derechos económicos y sociales más fundamentales. La misma se vio sometida a un proceso de revisión en 1996, actualizando el contenido que figura desde 1961. España firmó la Carta en el 2000, formando así parte del grupo de 34 países que ya han ratificado la Carta. Sin embargo, ante la necesidad de adaptar algunos aspectos de la legislación nacional, se ha puesto la ratificación por parte de las Cortes.

La Carta Social Europea revisada recoge derechos y principios que deben formar parte de los objetivos de las políticas sociales impulsadas por los Estados vinculados a la misma, así como a su cooperación internacional. Todos estos compromisos se enfocan principalmente en la protección de los colectivos sociales más vulnerables.