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El Gobierno expone el plan de vacunación para frenar la expansión del COVID-19

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, celebrada el martes 24 de noviembre, la elaboración de una estrategia de vacunación que permita controlar la capacidad de infección del virus en la población. Además, entre otros asuntos, el Consejo de Ministros ha tratado la reforma y modernización del proceso penal y ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea.

Estrategia de vacunación del Ejecutivo

El Gobierno ha presentado el plan de vacunación para el 2021, así como sus distintas fases. En primer lugar, se llevará a cabo una primera campaña de vacunación, aunque muy limitada, durante los primeros tres meses del próximo año. A esta primera etapa le seguirán dos más en lo que restará de año, en las cuales se aumentará progresivamente el número de dosis a administrar y los grupos sociales cubiertos.

El Ministro ha afirmado que la vacunación se llevará a cabo destinando las primeras dosis a los grupos de población y colectivos más vulnerables, así como al personal sanitario y de residencias y las personas con discapacidad. De esta manera, el objetivo del Ejecutivo pasa por reducir la capacidad de infección del virus, así como su propagación, y también el número de hospitalizados y fallecidos.

En cuanto al seguimiento de los resultados de la vacunación y los procesos logísticos, el Gobierno afirma que pondrá en marcha sendos planes específicos. Por un lado, se monitorizará la evolución de los vacunados, así como del surgimiento de posibles efectos adversos, a través de un plan de farmacovigilancia. Por otro lado, en cuanto a la logística y distribución de la dosis, el Ejecutivo afirma que los operadores que se encargarán de dichas tareas están preparados para garantizar sus requerimientos de conservación.

Reforma del proceso penal

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, lo que supone la transformación integral del proceso penal. Fuentes del Gobierno afirman que se trata de un esfuerzo por adaptar el proceso a las figuras y estructuras jurídicas del Estado de Derecho que despliega la Constitución y, además, por armonizarse con el Derecho de la UE.

El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal supone incluir nuevos roles, el de la figura del fiscal investigador, la del juez de garantías y la del juez de la Audiencia Preliminar. También incorpora nuevas herramientas de investigación, dando cobertura legal y regulación a técnicas como son la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes. Por último, debemos destacar el papel central que se otorga a la víctima en los procesos judiciales, dándole un estatuto propio y un amplio catálogo de medidas de protección.