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El Gobierno inicia la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

El Consejo de Ministros ordinario celebrado ayer, 15 de diciembre de 2020, acordó elaborar el Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). De esta forma, se pretende evitar subidas de precio de la electricidad y garantizar la solvencia del sistema. En la misma materia, el Ejecutivo ha aprobado el nuevo Estatuto de los Consumidores Electrointensivos mediante un Real Decreto, con la finalidad de aportar certidumbre al precio de la energía y generar inversión industrial. Estos han sido el resto de los acuerdos alcanzados.

Nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE)

La creación del nuevo Fondo persigue cumplir distintos objetivos planteados por el Gobierno: en primer lugar, su puesta en marcha abaratará el recibo de la luz, beneficio del que se aprovecharán todos los consumidores, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza energética. Para ello, el Fondo asumirá los costes fijos del recibo, en concreto los asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). El Ejecutivo prevé que con esta nueva medida se abarate el precio del recibo de la luz aproximadamente en un 13%.

La financiación del FNSSE correrá a cargo de los operadores de los sectores energéticos que queden sujetos por ley (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos y de gases licuados al por mayor, así como sus consumidores directos). María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, explicó en la rueda de prensa posterior que el total despliegue de las nuevas medidas se llevará a cabo en los próximos cinco años.

Estatuto de los consumidores Electrointensivos

Este nuevo estatuto, aprobado mediante Real Decreto, ofrecerá un marco legal y regulatorio que dará mayor estabilidad y seguridad respecto el precio de la energía para todo un conjunto de empresas industriales para las que el suministro eléctrico resulta especialmente crítico.

Los instrumentos que recogerá el nuevo Estatuto resultarán aplicables a más de 600 empresas pertenecientes a 60 actividades industriales diferentes y a un total de 300.000 trabajadores. Se trata de una regulación que ha comenzado a desarrollarse en otros países europeos, por lo que, según señala el propio Gobierno, España debe contar con un marco legal que ampare a la gran industria para disolver la desventaja competitiva.