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El Ejecutivo ha ampliado los sectores beneficiarios en relación con el Real Decreto en apoyo de la solvencia empresarial frente al COVID-19

El Consejo de Ministros, reunido el 20 de abril, ha modificado el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 aprobado el pasado 12 de marzo. Además, se ha aprobado la posibilidad aplazar o fraccionar obligaciones no tributarias de créditos otorgados en el marco del de créditos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A continuación, encontrarás el resto de los acuerdos alcanzados.

Ampliación de los sectores beneficiarios de ayudas directas

La modificación incluida en el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial permitirá a las Comunidades Autónomas y a las ciudades autónomas que, dentro de la asignación establecida para cada una de ellas, puedan incluir como beneficiarios de estas ayudas a otros sectores, adicionales a los 95 recogidos en el Anexo I del citado Real Decreto-ley, que se hayan visto particularmente afectados por la pandemia.

Esos 95 sectores se establecieron aplicando criterios objetivos, basados en el efecto de la pandemia en el empleo de cada sector. En concreto, en el momento de aprobación del Real Decreto-ley, en esos sectores el 10% de sus trabajadores estaban protegidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, además, no habían vuelto a la actividad al menos un 75% de los trabajadores que llegaron a estar en ERTE.

Adicionalmente, se incluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de forma excepcional, puedan otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019.

Aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones no tributarias

Con el fin de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, se ha aprobado habilitar a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento para el pago de estas, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.

Este aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de deudas de naturaleza pública, no tributarias ni aduaneras, derivadas del reintegro y/o reembolso de ayudas o de préstamos concedidos por la Administración General del Estado pretende minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de determinadas las obligaciones no tributarias de empresas y ciudadanos.

Los potenciales destinatarios de la medida serán los beneficiarios de ayudas o préstamos concedidos por la Administración General del Estado que, en origen ya se han dirigido a los grupos más vulnerables de la economía, como las pymes, y a sectores de actividad como la ciencia e innovación, las industrias de carácter estratégico o el turismo, sectores particularmente castigados por la pandemia.