Inicio Consejo de Ministros El Ejecutivo remite a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de...

El Ejecutivo remite a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados

El Consejo de Ministros, reunido ayer 18 de mayo, ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El texto, que ahora se somete a debate de los grupos parlamentarios, revisa la actual normativa de 2011. Por otro lado, el Ejecutivo ha tomado razón de un Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, con el objetivo de adaptarla a varias directivas de la Unión Europea. Accede aquí al resto de los acuerdos alcanzados.

Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados

El objetivo que se persigue con el Proyecto de Ley es cumplir con los nuevos objetivos de residuos establecidos en las directivas de la Unión Europea que conforman el Paquete de Economía Circular, así como con los derivados de la directiva de plásticos de un solo uso.

En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, permitan reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050.

Para contribuir a este fin, el proyecto de Ley traspone los objetivos contemplados tanto en la directiva de residuos de 2018 como en la de plásticos de un solo uso y recoge, por primera vez en la legislación española, limitaciones a estos productos, restringiendo la introducción en el mercado de alguno de ellos y estableciendo un impuesto para avanzar en la reducción de su comercialización.

La norma otorga un papel protagonista a la prevención de residuos, mediante la inclusión de objetivos concretos y cuantificables, con una reducción del peso de los residuos producidos de un 13% en 2025 y un 15% en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.

El texto normativo refuerza la jerarquía de residuos o, lo que es lo mismo, el orden de prioridad en las opciones de gestión de estos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización energética) y, como última opción, la eliminación. Y lo hace incluyendo un impuesto a la incineración, coincineración y eliminación de residuos en vertedero.

También instando a la adopción de otras medidas incentivadoras por parte de las administraciones, entre las que destacan la promoción de sistemas de pago por generación y el uso de las compras públicas para promover el uso de productos reutilizables y reparables y de materiales fácilmente reciclables.

Modificación de la Ley de impuestos especiales

El citado Anteproyecto de Ley por el que se modifican la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, y otras normas tributarias, que ahora deberá ser sometido a información pública, tiene, entre otros objetivos, modificar la citada ley para trasponer varias directivas comunitarias y reforzar el control en el uso de productos similares a carburantes para que también estén sujetos al pago del impuesto.

En materia de hidrocarburos, en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2020, se modifica la Ley de Impuestos Especiales para determinar que no están sujetos al impuesto los hidrocarburos utilizados como combustibles en la fabricación de otros hidrocarburos, pero únicamente cuando el destino de estos sea únicamente su uso como combustible o carburante.

También en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, con el cambio normativo se pretende atajar una modalidad de fraude, que consiste en la utilización de productos muy similares a los carburantes de automoción convencionales, en particular al gasóleo, pero sobre los que se ha introducido alguna pequeña modificación para lograr que su uso como carburante se realice sin pagar el impuesto.

Para evitar dichas prácticas se establece un supuesto de responsabilidad solidaria del pago del impuesto a quienes posean hidrocarburos en los que se detecte la presencia de otros productos, excepto los aditivos autorizados, o que hayan sido adquiridos a operadores no habilitados.