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El Gobierno aprueba el Real Decreto por el que se regula el impuesto sobre servicios digitales

El Consejo de Ministros, reunido esta semana, ha aprobado el Real Decreto que regulará el funcionamiento del impuesto sobre determinados servicios digitales, especialmente los mecanismos de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes de dicho impuesto, así como la estrategia de desarrollo sostenible que España defenderá el mes que viene ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Puedes acceder aquí al resto de los acuerdos alcanzados.

Real Decreto por el que se regula el impuesto sobre servicios digitales

Este Real Decreto desarrolla la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales: publicidad en línea, intermediación en línea y la venta de datos generados por los usuarios. En estos servicios existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios.

El impuesto afecta a aquellas empresas tecnológicas cuyo importe neto de negocios en España supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales con criterios objetivos ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo.

El Real Decreto que ahora se aprueba es la norma reglamentaria que desarrolla algunos aspectos de la Ley de este impuesto. En concreto establece las reglas de localización de los usuarios y las obligaciones formales de los contribuyentes del impuesto.

Se desarrollan las normas sobre localización de los dispositivos de los usuarios, partiendo de la previsión legal de que las prestaciones de servicios digitales se entienden realizadas en territorio español cuando el usuario se encuentre en el mismo, estableciéndose una serie de normas específicas para cada uno de los servicios digitales, que están basadas en el lugar en que se han utilizado los dispositivos, siendo ese lugar el de su localización.

Estrategia de desarrollo sostenible

La aprobación de la estrategia de desarrollo sostenible incluye el informe de progreso 2021, documento a través del cual España rendirá cuentas ante las Naciones Unidas sobre los progresos realizados en el marco de la implementación del Plan de Acción aprobado en el año 2018 y sobre los compromisos de futuro para acelerar su cumplimiento, recogidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

En la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se especifican ocho retos: la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural, entre otros. Para afrontar dichos retos, el Gobierno debe poner en marcha una serie de políticas concretas desde hoy hasta 2030 que se recogen en el documento.