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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que transpone las Directivas europeas en materia de derechos de autor y derechos afines en el mercado digital único y de protección de los consumidores

El Consejo de Ministros, celebrado ayer, 2 de noviembre, aprobó un Real Decreto-Ley Omnibus que incluye la transposición de Directivas de la Unión Europea en materia del ejercicio de derechos de autor y derechos afines en el Mercado Digital Único, y sobre la modernización y mejora de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo. A continuación, señalamos los principales acuerdos del Consejo de Ministros:

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
  • Real Decreto-Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
  • Real Decreto por el que se regula la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
  • Real Decreto por el que se nombra directora de la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la Unión Europea a Dª María Aurora Mejía Errasquín.
Hacienda y Función Pública
Agricultura, Pesca y Alimentación
  • Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Real Decreto por el que se nombra subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación a D. Ernesto Abati García-Manso.

Real Decreto-Ley de transposición de Directivas de la Unión Europea de Bonos Garantizados y Distribución transfronteriza de fondos, de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Digital único

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley Omnibus en el que se incluye la transposición de las directivas europeas de Bonos Garantizados y Distribución transfronteriza de fondos, de Derechos de Autor y Derechos Afines en el Mercado Digital Único, para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo.

Directivas sobre Derechos de autor y Derechos digitales en el Mercado Digital Único

El Real Decreto-Ley transpone al derecho español la Directiva (UE) 2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión; y la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital.

Con esta norma se pretende adaptar los derechos de autor al entorno digital, tomando en consideración los nuevos comportamientos de los usuarios e introduciendo medidas para corregir los desequilibrios que la aparición de nuevos intermediarios en el entorno digital ha provocado en el mercado con grave perjuicio para los titulares de derechos.

Medidas de corrección
  • Protección de publicaciones de prensa en lo relativo a os usos en línea: reconocimiento de un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa. Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.Se produce la regulación de la actividad en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.Además, se proporciona libertad a cada editor y titular de derechos de gestionar por sí mismo el derecho, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio. La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido se realizará de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación.
  • Los prestadores de servicios de la sociedad de la información necesitarán contar con una autorización del titular de derechos. Si estos prestadores no obtienen esta autorización, estarán sometidos a un régimen de responsabilidad específico.
Límites o excepciones de propiedad intelectual

Las leyes de propiedad intelectual pueden prever los denominados límites o excepciones a los derechos exclusivos de carácter patrimonial, con la finalidad de lograr un equilibrio entre los intereses de los autores y demás titulares de derechos y los intereses de los usuarios de contenidos. El Real Decreto-Ley incorpora, dentro de los márgenes de la Directiva MUD, los siguientes nuevos límites o excepciones

  • Para organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural está contemplada una excepción en su beneficio, con el objetivo de que puedan llevar a cabo, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras, entre otras prestaciones a las que tengan acceso lícito. Si no se reúnen estas condiciones, está contemplada la posibilidad de que el titular de derechos de la obra afectada establezca una reserva de derechos, requiriendo una licencia. Cabe destacar que, ninguno de los dos límites anteriores lleva aparejado una remuneración a favor de los titular de derechos.
  • Se permite el uso de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos en la medida en la que los usos se justifiquen por la finalidad no comercial de la actividad docente.
  • Posibilita a las instituciones responsables del patrimonio cultural la reproducción con fines de conservación de obras que se encuentren permanentemente en sus colecciones.
  • Uso de obras fuera de comercio por instituciones de patrimonio cultural: se prevé que las entidades de gestión colectiva puedan conceder licencias de derechos de autor no exclusivas, con fines no comerciales, para la reproducción, distribución, comunicación pública, cuando se encuentren de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural.
Directivas para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo

Con la aprobación del Real Decreto-Ley se modifica el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) para su adaptación a las nuevas formas de comercio electrónico y regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras que carecen de regulación específica. En consecuencia, se transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/216 para la mejora y modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión Europea y del régimen sancionador en materia de consumo.

Con su entrada en vigor, el ministerio de Consumo tendrá competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a varios países o a la unidad de mercado. Por lo que el Ministerio de Consumo podrá actuar como autoridad sancionadora contra aquellas infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia, cuando sucedan en varios Estados de la UE o cuando el infractor no esté localizado en España en infracciones en relación con el comercio electrónico.

Con esta reforma se establecen algunas novedades regulatorias:

  • Se prohíbe la publicidad encubierta en redes sociales y la publicación de reseñas y valoraciones falsas o pagadas por el fabricante en los productos de venta en internet. Asimismo, el empresario tendrá que garantizar que las reseñas que aparezcan proceden de consumidores o usuarios que realmente han adquirido el bien o utilizado el servicio. Se considerará, en la reforma de la Ley, como práctica desleal incluir reseñas procedentes de consumidores sin comprobar que han adquirido realmente el bien o la inclusión de reseñas falsas. Además, se incluyen controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios en relación con los de sus competidores y no informen a los consumidores de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. Con la modificación, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados. En el caso de que un precio haya sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar de este hecho.
  • Se regula además la calidad dual de los productos y considera como desleal comerciar un bien como idéntico cuando los productos sean diferentes, para evitar que determinadas marcas varíen la calidad de un mismo producto dependiendo del Estado miembro donde comercialicen.
  • Se actualiza el concepto de mercado en línea, dotando de neutralidad desde el punto de vista tecnológico para referirse a un servicio que emplea programas incluidos en su web, parte de una web o una aplicación, operado por o a cuenta del empresario que permite a los consumidores celebrar contratos a distancia con otros empresarios o consumidores. También se incluye la obligación de informar sobre si el tercero que ofrece el bien o servicio ostenta la condición de empresario o es un particular. En el caso de particulares, debe constar la mención expresa de no aplicación de la normativa de defensa de los derechos de consumidores o usuarios al contrato. Además, estas webs tendrán que informar del reparto de responsabilidades contractuales entre el tercero que ofrece el bien o servicio y el proveedor del mercado en línea.
Régimen sancionador

Se recoge un nuevo régimen sancionador competencia del Estado, teniendo en cuenta que las acciones comerciales son cada vez más transfronterizas. Se pretende que las multas derivadas de los fraudes a consumidores sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, protegiendo a la ciudadanía y evitar que las empresas tengan incentivos para cometer abusos. Las sanciones máximas subirán hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembros. También fija aspectos como la calificación de las infracciones por su gravedad, quiénes son los sujetos responsables o aspectos tales como la prescripción y la caducidad.

En relación con la cuantificación de la multa, para ello se tendrá en cuenta:

  • la capacidad económica del responsable.
  • el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
  • el carácter continuado de la infracción.
  • el número de consumidores afectados.
  • el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

También existirán sanciones accesorias como:

  • el comiso de las mercancías.
  • el cierre de los establecimientos por un plazo de hasta cinco años.
  • la publicidad de las sanciones impuestas, de cara a incidir en su carácter disuasorio.

Asimismo, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como a alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.

Estarán sujetas al nuevo régimen sancionador la introducción o mantenimiento de cláusulas abusivas en los contratos, la obstaculización del derecho a poner fin a un contrato o causar baja en un servicio, los incumplimientos en el etiquetado o la facturación de productos y servicios no contratados.